Una ciudad sostenible es un modelo a seguir en la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, la protección del medio ambiente y la promoción de un desarrollo equitativo y duradero.
Para lograr este objetivo, es esencial la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados en la construcción y gestión de las ciudades.
Según datos de la ONU, las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5.000 millones para el año 2030, por tanto, 70 de cada 100 personas van a vivir en grandes núcleos urbanos.
La UE trabaja desde hace décadas en el ámbito urbano, centralizando la política europea en el desarrollo de ciudades sostenibles. La “CARTA DE LEIPZIG sobre Ciudades Europeas Sostenibles”, aprobada con motivo del Encuentro Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrado en Leipzig en el año 2007, es una declaración de intenciones de los Estados miembros en los que se invita a cada nivel de gobierno (local, regional, nacional y europeo) a mejorar la coordinación de las áreas de política sectorial y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad respecto a la política integrada de desarrollo urbano. Estos temas urbanos se definieron en el Pacto de Ámsterdam, ratificado por ministros de política urbana de los países miembros de la UE en mayo de 2016.
En este contexto, además, el 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un ambicioso plan que busca alcanzar una prosperidad respetuosa con el planeta y sus habitantes, y un plan de acción a favor de las personas y el planeta en el cual se engloban los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se incluye el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” que impulsa que las ciudades sean espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
En base a esta premisa, desde la UE se han desarrollado diversas iniciativas, siendo una de las más relevantes el Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (European Reference Framework for Sustainable Cities: RFSC), una herramienta para impulsar la sostenibilidad en las ciudades europeas, que desarrolla los principios de la “Carta de Leipzig”.
Se trabaja en 5 dimensiones: espacial, gobernanza, social, económica y medioambiental.
Las ciudades emiten cantidades significativas y crecientes de gases de efecto invernadero (GEI), que representan del 37 al 49% de las emisiones globales totales de GEI (IPCC 2014). Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía indican que las emisiones de GEI relacionadas con la energía urbana aumentarán de alrededor del 67% actual al 74% para 2030 (IEA 2008). Sin esperar políticas globales decisivas sobre el cambio climático, algunas ciudades han comenzado a tomar medidas.
Por lo tanto, las ciudades pueden servir como "centros de ingenio político" que impulsan planes de acción locales concretos sobre energía y clima. Para promover sus esfuerzos para alcanzar los objetivos nacionales y europeos, pueden informar sobre sus emisiones de CO2 de forma voluntaria y comprometerse a cumplir con objetivos estrictos de reducción de CO2 a través, por ejemplo, del Pacto de los Alcaldes. Si se gestionan adecuadamente, las medidas de mitigación climática también podrían conducir a una reducción de la contaminación del aire.
Las ciudades implementan su plan a través de:
La pobreza energética debe abordarse específicamente a través de programas específicos. Las redes inteligentes y, en general, las aplicaciones de las TIC ayudan a tener información detallada en tiempo real sobre cuándo y cómo se consume la energía y sobre la energía renovable producida. Esto ayuda a identificar áreas de progreso, dando control sobre los dispositivos que consumen energía y ayudando a equilibrar el suministro, la demanda y el almacenamiento de energía.
En los últimos 50 años, los ecosistemas han cambiado más rápida y extensamente que en cualquier período comparable de la historia humana. A nivel mundial, las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles han disminuido en un 52% desde 1970; y las especies de agua dulce han sufrido una disminución del 76%, una pérdida promedio de casi el doble que la de las especies terrestres y marinas. Las amenazas a la biodiversidad en Europa se deben principalmente a la pérdida de hábitat como resultado de la intensificación de la agricultura, incluido el uso de pesticidas y fertilizantes, el desarrollo urbano, la mayor frecuencia de incendios y el cambio climático. La planificación de todos los usos de la tierra, el mar y el agua debe realizarse con un enfoque integrado, estratégico y de múltiples escalas que apunte a proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas mediante la reducción de estas principales amenazas.
Este enfoque se basa en cuatro pilares:
La naturaleza en el entorno urbano puede ofrecer múltiples servicios y beneficios: aumentar el bienestar y la calidad de vida, reducir el efecto isla de calor y los niveles de escorrentía o mejorar la calidad del aire, pero también atraer negocios u ofrecer oportunidades para la recreación. Por último, pero no menos importante, los ecosistemas brindan servicios de apoyo, como la formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo de nutrientes y la conservación de los acervos genéticos que son necesarios para sostener casi todos los demás servicios de los ecosistemas. Para fortalecerse, estos servicios deben proporcionar no solo superficies suficientes para los hábitats, incluso en el techo y las paredes, sino también una diversidad de hábitats y especies dentro de la ciudad. Por ello, debe ser un objetivo contar con una política de no pesticidas y manejo diferenciado de los espacios verdes, sensibilizando a los habitantes sobre la riqueza y bondades de la naturaleza.
Más allá de los límites de la ciudad, la protección del hábitat y la biodiversidad también presenta muchas sinergias con la reducción del riesgo de inundaciones, la mitigación y adaptación al cambio climático, la calidad del agua y el turismo. Por ello, se identifican como soluciones basadas en la naturaleza.
Desde el comienzo de la revolución industrial en el siglo XIX, la contaminación ambiental se ha convertido en un problema transfronterizo global que afecta el aire, el agua, el suelo y los ecosistemas, y está directamente relacionado con la salud y el bienestar humanos. Una proporción sustancial de la población de la UE está expuesta a niveles de contaminación del aire, incluida la contaminación del aire interior, que supera los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La población urbana está especialmente expuesta con un alto nivel de partículas finas, ozono, óxidos de nitrógeno y concentraciones mutagénicas de hidrocarburos aromáticos policíclicos resultantes de la concentración de población y actividades, especialmente por la quema de combustibles para calefacción, automóviles y camiones. En los interiores, los ciudadanos están expuestos a partículas volátiles que emanan de barnices, pinturas, colas, aerosoles, sprays y productos de limpieza (compuestos orgánicos volátiles). Todos estos contaminantes son peligrosos para la salud, especialmente para los más vulnerables, y presentan efectos cancerígenos.
Las directivas de la UE 2008/50/EC y 2004/107/EC organizan el monitoreo obligatorio de 15 contaminantes, así como la preservación de la calidad del aire o la reducción de la contaminación del aire cuando corresponda. Las ciudades tienen muchas palancas para reducir la contaminación del aire exterior en asociación con otros niveles de gobierno. En casos de alerta o crisis de contaminación, los gobiernos locales pueden implementar medidas específicas como transporte público gratuito, restricciones de tráfico, peajes en vías urbanas y zonas de bajas emisiones. Las medidas contra la contaminación interior incluyen la sensibilización de los ciudadanos y la lucha contra la contaminación interior en edificios públicos, especialmente en escuelas y guarderías. A largo plazo, la reducción de todo tipo de contaminación incluye medidas comunes a la mitigación climática, la renaturalización de las ciudades y la movilidad sostenible.
La contaminación del agua, incluidas las aguas subterráneas y del suelo, se debe a fuentes agrícolas o urbanas e industriales difusas, así como a la contaminación atmosférica. En cuanto a la contaminación del suelo, se estima que hay 340.000 terrenos contaminados en Europa, la mayoría de los cuales aún no se han identificado. Los sitios contaminados huérfanos requieren acciones específicas de las ciudades para desbloquear el reciclaje de la tierra para la reurbanización urbana, así como para facilitar el acceso a los mecanismos de financiación. Finalmente, la reducción de la contaminación incluye lidiar con la contaminación acústica, que podría amenazar la calidad de vida en las ciudades.
El aumento del nivel del mar, las inundaciones tierra adentro y los fenómenos meteorológicos extremos (en particular, el aumento del calor), así como el aumento de las sequías, a menudo asociados con la escasez de agua y la contaminación del aire, y la posible propagación de enfermedades, pueden tener efectos negativos generalizados en la salud, los medios de subsistencia y la vida de las personas. Las ciudades son altamente vulnerables al cambio climático, debido a su alta concentración de población y actividades económicas, servicios públicos e infraestructuras. Los gobiernos locales juegan un papel clave en la adaptación a las amenazas existentes y emergentes que enfrentan sus ciudades. Necesitan comprender mejor su grado de exposición y vulnerabilidad a los impactos potenciales, para poder evaluar los riesgos asociados con estos impactos.
El proceso debe involucrar a las partes interesadas clave, como expertos, proveedores de servicios y la comunidad local, con el objetivo de desarrollar planes de adaptación transversales, con acciones tales como: desarrollar la resiliencia de la comunidad, incluidas medidas inmediatas sin arrepentimiento en áreas urbanas; planificación y gestión, como drenaje urbano sostenible, infraestructura verde, apoyo al suministro local de agua y alimentos resilientes; e inclusión de medidas de adaptación en nuevos edificios, infraestructuras y espacios públicos, o en sus programas de mantenimiento y renovación.
El desarrollo de capacidades y la creación de redes deben ser primordiales para un tema tan complejo, y la identificación de fuentes innovadoras de financiación es de suma importancia. Desarrollar planes de adaptación para la mitigación climática es una buena forma de reunir recursos y soluciones relevantes. El Pacto de los Alcaldes 2030 integra los dos enfoques.
Las ciudades eficientes en el uso de los recursos combinan una mayor productividad e innovación con costos más bajos y un impacto ambiental reducido. La gestión sostenible de los recursos y materiales naturales y la prevención de residuos son, por lo tanto, no solo consideraciones ambientales importantes, sino también claves para la transición hacia una exitosa economía verde que produzca bienes y servicios de forma sostenible, con las consiguientes reducciones de costos.
La UE se fijó la ambición de lograr que la generación de residuos por persona debía estar en absoluto descenso para 2020, y propone reducir el desperdicio de alimentos en al menos un 30% para 2025. Estos ambiciosos objetivos pueden alcanzarse gracias a la producción y el consumo sostenibles, a través del ecodiseño, la reducción de envasados y la implantación de medidas relacionadas con la reutilización, reparación y reacondicionamiento de residuos, además de con su reciclaje y compostaje.
A nivel territorial y metropolitano se desarrollan iniciativas para promover estas actuaciones y la gestión sostenible de los recursos naturales. Son esencialmente de la siguiente naturaleza:
Por su parte, el 11 de diciembre de 2019 se presenta por la Comisión Europea, el Pacto Verde Europeo, un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Recoge medidas de control de polución, políticas sociales y acciones contra el cambio climático, leyes de sostenibilidad, reducción de las emisiones de gas, eficiencia energética, economía circular y economía verde.
En este contexto, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, ha venido adaptando sus políticas, normativa y marco de planificación estratégica a este nuevo marco europeo.
Así, en 2018 se aprueba la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, que establece, entre otras, el Plan Andaluz de Acción por el Clima como instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático.
El Plan Andaluz de Acción por el Clima, aprobado por el Consejo de Gobierno el 13 de octubre de 2021, establece 6 objetivos estratégicos a 2030, 12 objetivos sectoriales y más de 137 líneas de acción distribuidas en tres Programas: de Mitigación y Transición Energética, de Adaptación y de Comunicación/Participación, que se desarrollarán en sus despliegues operativos con horizonte 2022, 2026 y 2030.
Asimismo, el 30 de marzo de 2023, se aprueba la Ley 3/2023, de 30 de marzo, de Economía Circular de Andalucía, que impulsa una economía circular que fomente el uso eficiente de los recursos, alargue la vida útil de los productos y minimice la generación de residuos.
Por todo ello, la evolución del marco de referencia estratégico impone la necesidad de abrir nuevos caminos y explorar nuevas vías y actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental en general, y en particular, en lo relativo al medio ambiente urbano.
Es por ello que en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente surge la necesidad de impulsar nuevos ejes de trabajo en el marco de colaboración con la Administración Local, incorporando todas las lecciones aprendidas y buenas prácticas de los programas anteriores de ciudades sostenibles, pero actualizadas a las nuevos objetivos actuales y al contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Con ello nace la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (en adelante REVERSA), dirigida a todos los municipios y entidades locales que deseen adherirse, que se configurará como un foro para acelerar la transformación de estos municipios hacia la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y la neutralidad climática, la circularidad, la conservación, la protección de la naturaleza y el fomento del trabajo colaborativo basado en la coordinación y la transparencia entre los participantes, compartiendo información, buenas prácticas, experiencias y proyectos. Con todo ello, se pretende mejorar la contribución de todos a los objetivos del Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030.